[한국어-Español] LA MITAD DE LOS CIUDADANOS NO DENUNCIA SUS PROBLEMAS JURÍDICOS

시민의 절반은 법적 문제를보고하지 않습니다 그했다 충족되지 않은 법적 요구는 사역과 현재 Universidad Catolica 아르헨티나의 전망대에 의해 만들어진 보고서에서 발표되었다. 목요일 2019년 11월 28일 보고서 "정의와 평등의 상태에 대한 액세스는"조사 대상 5722 개 가구에 대한 UCA의 사회 채무에 전망대와 함께 개최되었다. 이 기관의 연구자들은 법무부에 의해 제조 된 권리 평등의 관점에서 새로운 지표로를 건너, 계정 지표와 "권리를 기반으로 다차원 빈곤 접근 방식"의 전시로했다. 예비 번호는 "불평하지 않았다 해결하기 어려운 갈등이 있었다 사람들의 53.6 %가."보여 한편, 보고서 쇼 20 해결하기 어려운 지난 2 년 동안 문제에 직면 응답자 또는 그 가족의 퍼센트, 그리고 법적 문제를 야기 할 수있다. 보고서는이를 해결하기 위해 법적 요구 사항, 지원 및 자원에 대한 시민을 조사하고 성 폭력과 불안 문제의 가능한 상황에 파 놓은 광산. 한편, 표시된 숫자에 따라 그 비율의 약 70 %가 도움을 추구하고 기관에 가서, 22 %는 아무것도하지 않았다 거의 8 %는 스스로를 해결하기 위해 노력했다. 시도되는 도움을받은 후 62 %는 다른 통계들 사이의 충돌과 관련하여 얻은 결과에 불만을 선언했다. 그 결과, 이러한 특성의 제 문서, 글로벌 실시 UN 아젠다 2030 지속적인 발전 목표 제 3 타겟팅하고자의 근본적인 부분을 결정하는 것이다. 목표는 "법의 지배를 촉진하고 모두를위한 정의에 대한 동등한 접근을 보장하기 위해"입니다. 보고서의 프리젠 테이션은 말했다 정의와 인권 사무소의 장관, 독일 Garavano에 의해 주어졌다 "국가의 노력이 가치있는 연구를 보여주는 충족되지 않은 법적 요구 사항을 해결하는 것이 더 효과적 일 것이다." "그것은 다양한 형태의 국가가 지원을 제공하는 방법의 스냅 샷이다"Garavano 자란는 "국가가 더 노력하고 새로운 방식으로 사람들 프로세스의 구조적인 문제를 해결하기 위해 더 민첩 접근을해야한다고"말했다. 법무부 장관, 마리아 페르난다 로드리게스, 전 세계에 걸쳐 정의에 접근 할 수있는 문제가 15억명이 있다는 통계 마크 전세계에 회의를 열었습니다. 그리고 2016 년 법률 unmet 필요의 설문 조사를 실시 것을 설명하고, 재산이 더 솔루션은 공공 정책에 대해 생각 찾을 수 없습니다되는 문제를 해소했다 "때문에 2019 년 사역은 천문대 프로그램 부채 사회 아르헨티나 UCA와 함께 일 그런 의미한다. " 민간 전망대 주재로 로드리게스는 공동 작업의 작업을 강조 추가 "시민을위한 정의에 접근하는 첫 번째 단계는 가지고 국가의가 모든 법률 서비스에서하지 않는 사람들에게 정체성을 제공하는 것입니다" 천문대 프로그램 사회 채무 아르헨티나 UCA, 아구스틴 샐비어의 감독에 의해 연구입니다. 이 점에서, CONICET 연구원 및 "우리가 그들의 권리를 보장 한 사람들의 부정 볼 수 있도록하기 위해 인간 발달 적자를 연구"라고 설명했다 "부채 visibilizamos 이러한 이유로, 어떤 성과를." "이 연구와 과학의 야망은 구조적인 문제를 제기 인식하는 방법으로 공공 토론의 문제에 대한 과학적 지식을 넣어와 정의에 대한 동등한 접근이 아닌 그 생성 및 토론과하는 것입니다,"라고 그는 경제적 불평등을 자세히 설명 추가 열거 방문 가구. 다른 참석자 중 법무부 부에노스 아이레스, 로사리오 산체스에 대한 접근의 존재 차관이었다; 부에노스 아이레스 변호사 가브리엘 Astarloa; 법무부, 구스타보 Maurino, 엔리케 Zuleta Puceiro에 대한 접근의 감독; 으로 UCA, 엔리케 Amadasi에서 사회학 박사와 UNDP 민주당 거버넌스, 노라의 Luzi의 코디네이터.

La mitad de los ciudadanos no denuncia sus problemas jurídicos Se presentaron los resultaron de necesidades jurídicas insatisfechas en un informe realizando por el ministerio y el observatorio de la Universidad Católica Argentina. jueves 28 de noviembre de 2019 El informe "Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social" se realizó en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre 5722 hogares encuestados. El equipo de investigadores de esta institución tomó en cuenta los indicadores y la muestra de su estudio "Enfoque de pobreza multidimensional basado en derechos", para cruzarlo con un nuevo indicador en materia de acceso igualitario a derechos elaborado por el Ministerio de Justicia. Los números preliminares muestran que el "53,6 por ciento de las personas que tuvieron conflictos difíciles de resolver, no hizo la denuncia correspondiente". En tanto, del informe se desprende que un 20 por ciento de los encuestados, o sus familiares, enfrentaron en los últimos dos años problemas difíciles de resolver, y que podrían derivar en problemas legales. El informe indagó a los ciudadanos sobre las necesidades jurídicas, la asistencia y los recursos para solucionarlos así como se profundizó en posibles situaciones de violencia de género y cuestiones de inseguridad. En tanto, según los números mostrados, casi el 70 por ciento de ese porcentaje buscó ayuda o acudió a una institución, el 22 por ciento no hizo nada y casi un 8 por ciento intentó resolverlo por su cuenta. Luego de recibir la ayuda buscada, el 62 por ciento se declaró insatisfecho con los resultados obtenidos en relación con el conflicto, entre otras estadísticas. El resultado es el primer documento de esta naturaleza realizado a nivel global, al querer determinar aspectos fundamentales de la meta 16. 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El objetivo es "promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos". La presentación del informe estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien aseguró "los esfuerzos del Estado deben ser más efectivos para resolver las necesidades jurídicas insatisfechas que muestra este estudio tan valioso". "Es una radiografía de cómo el Estado en sus diferentes formas brinda asistencia", afirmó Garavano y planteó "que el Estado debe realizar más esfuerzos y nuevas formas de abordaje con procesos más ágiles para resolver los problemas estructurales de la gente". La secretaria de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, abrió el encuentro con una estadística a nivel mundial que marca que hay 1500 millones de personas que tienen problemas de acceso a Justicia en todo el planeta. Y explicando que realizaron la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas en 2016, y en 2019 el ministerio trabajó con el Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA porque "la riqueza era relevar los problemas a los cuáles no se encontraron soluciones para pensar políticas públicas en ese sentido". "El primer paso en el acceso a la Justicia de la ciudadanía es darle un documento de identidad a quien no lo tiene y a partir de allí todos los servicios jurídicos del Estado", agregó Rodríguez al destacar la labor del trabajo conjunto con el observatorio privado presidido por el director de Investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia. En este sentido, el investigador del CONICET detalló que "nosotros estudiamos el déficit de desarrollo humano para hacer visibles las injusticias de las personas que no tienen garantizados sus derechos" y por "este motivo visibilizamos las deudas, no los logros". "La ambición de la ciencia con este estudio es poner el conocimiento científico en temas de debate público como forma de tomar conciencia y generar debate ya que no es igualitario el acceso a la justicia y tenemos problemas estructurales", agregó al detallar las desigualdades económicas de los hogares visitados por los encuestadores. Entre otros asistentes estuvieron presentes la subsecretaria de Acceso a la Justicia bonaerense, Rosario Sanchez; el procurador porteño, Gabriel Astarloa; el director de Acceso a la Justicia, Gustavo Maurino, Enrique Zuleta Puceiro; el doctor en Sociología de la UCA, Enrique Amadasi y la coordinadora de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Nora Luzi.